Lavadoras con muerte anunciada
Cafeteras, máquinas de afeitar, secadores de pelo, microondas, frigoríficos, lavadoras, ordenadores... Miles de aparatos acaban en la basura antes de tiempo porque es demasiado caro repararlos, por falta de repuestos o porque no hay modo de desmontarlos. Es una forma reconocida de obsolescencia programada, una manera de acortar la vida de un producto antes de que se desgaste. Un caso sonado fue la demanda colectiva a la que tuvo que enfrentarse Apple en 2003 por no ofrecer baterías de recambio para sus reproductores MP3. Los demandantes, tras probar que las baterías se estropeaban antes que el aparato, ganaron el juicio y obligaron a la empresa a fabricar repuestos.
Muy pocas veces han llegado casos como este a los tribunales. La obsolescencia programada, al fin y al cabo, está asumida como un mal necesario para estimular el consumo. Pero la crisis está cambiando las conciencias y cada vez son más las voces que recuerdan que la necesidad mantener una tasa mínima de renovación de productos no significa que haya que aceptar abusos. Además, genera toneladas de residuos que podrían evitarse. Finalmente, un país ha dado un paso al frente: la Asamblea francesa acaba de aprobar, dentro de la Ley de Transición Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen la muerte de sus productos. La norma, que aún debe ser ratificada en el Senado, no solo es relevante por las sanciones que establece, sino porque es la primera vez que una legislación reconoce la existencia de la obsolescencia programada. “Estas técnicas pueden incluir la introducción deliberada de un defecto, una debilidad, una parada programada, una limitación técnica, incompatibilidad u obstáculos para su reparación”, reza el texto. Solo hubo un intento normativo anterior en 2011, en Bélgica, cuando el Senado aprobó una resolución que pedía al Gobierno que prohibiera esta práctica, pero nunca llegó a elaborarse una ley.
Francia prevé multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel la norma francesa recoge todas las variantes de obsolescencia programada, pero su aplicación no va a ser fácil. ¿Cómo demostrar que se ha introducido un defecto “deliberadamente”? La industria, de hecho, siempre ha negado esa supuesta “premeditación”, pese a que es evidente que los electrodomésticos han acortado su vida útil en las últimas décadas. Un reciente estudio encargado en Francia por el Centro Europeo del Consumidor recopila varias muestras. Por ejemplo, los antiguos televisores de tubos podían durar hasta 15 años, mientras que los actuales no pasan de 10. “Y ocho de cada 10 lavadoras tienen cubetas de plástico, en vez de acero inoxidable, que pueden romperse con el golpe de una moneda”, prosigue el estudio. Los fabricantes insisten en que el acortamiento no es deliberado, sino que se debe a la exigencia de que los productos sean más eficientes y más baratos.
Europa está empezando a abordar el problema. El Comité Económico y Social Europeo (CESE), órgano consultivo de la UE, aprobó hace un año un dictamen que exige la prohibición total de la obsolescencia programada. “Si tiráramos menos cosas a la basura, tendríamos que reparar más y se crearían miles de empleos”, afirmó Jean-Pierre Haber, ponente del dictamen, para rebatir el argumento de que la renovación es necesaria para mantener la economía.
El dictamen propone también medidas para combatir esta práctica no solo desde la prohibición. “Más allá de que pueda haber un chip maquiavélico programado para que un aparato deje de funcionar, algo que sucede en contadas ocasiones, proponemos tres líneas de acción. Por un lado, que las empresas faciliten la reparación. En segundo lugar, campañas de sensibilización para combatir la obsolescencia estética; es decir, la constante renovación de productos sin desgastar, sobre todo ropa y teléfonos, al dictado de las modas. Y por último, la implantación de un sistema de etiquetado de durabilidad para que el consumidor pueda decidir si prefiere un producto barato u otro más caro pero más duradero”, explica Carlos Trías Pintó, presidente de la Comisión Consultiva de Transformaciones Industriales del CESE, el grupo que elaboró el dictamen.
